El 15 de diciembre de 1999, mediante la Ley N° 5187, el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis, crean el Instituto Universitario Provincial de Seguridad Integral “Juan Pascual Pringles”. En la misma se establece la relación de dependencia directa con el ex Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia. Debido a una modificación en cuanto a la denominación del Ministerio de referencia, el día 22 de abril del año 2004 por la Ley N° 5571, se establece la dependencia con el Ministerio del Progreso.
Con fecha 31 de marzo del año 2000, por Decreto N° 967-MCyE-2000, se aprueba el Plan de Estudios de la Tecnicatura y Licenciatura en Seguridad Integral, cuya elaboración debía adecuarse a las características idiosincrásicas de la Provincia, para lograr una capacitación policial en el ámbito universitario de manera tal que el funcionario policial pueda desarrollar una actividad eficiente, participativa y confiable que asegure el orden público. La creación de esta carrera responde a la profunda transformación impulsada por la Provincia en su política de seguridad. A partir de la Ley N° 5108, el
Gobierno de la Provincia de San Luis realizó cambios en la estructura orgánica policial, creando un Cuadro Único, plasmando en su organización una estructura democrática. Así la Ley N° 5108 y la creación de la Tecnicatura y Licenciatura en Seguridad Pública pone la profesionalización de la fuerza policial como la piedra angular hacia una nueva conceptualización democrática del oficialado.
En el año 2022, por Decreto N° 2176-MS-2022 de fecha 04-abril-2022, en su Art 1° estable que el Instituto Superior de Seguridad Pública «Coronel Juan Pascual Pringles» se encuadra en la Estructura Orgánico Funcional del Ministerio de Seguridad.-
FUNDAMENTACIÓN
Se entiende la “Seguridad Pública”, (Resol. CFE Nº193/12) no ya una constatación simple de adecuación de conductas a normas, sino una valoración compleja del conflicto entre los derechos de las personas entre sí y de éstas con el Estado, como inherentes a los sujetos, y a la obligación estatal de protección y promoción de tales derechos como premisa indispensable de su pleno ejercicio. Además, la seguridad pública implica que la política de seguridad no se puede desvincular de la gestión de la conflictividad social. Es necesario reconocer la conflictividad dentro del marco social evitando que el abuso de poder y la violencia se conviertan en el modo habitual de resolver los conflictos. Es necesario entender el conflicto como dinamizador social.
En este marco, es el Estado el actor primordial y de mayor peso en garantizar la seguridad pública. Esta preeminencia está dada tanto en lo que hace a la esfera material como a la simbólica en el campo del gobierno de la seguridad. Por su parte, dentro del Estado, la Policía, el Servicio Penitenciario y las fuerzas de seguridad constituyen los actores más relevantes, aunque no únicos, en lo que hace a los aspectos tanto instrumentales como simbólicos.
A partir de lo expuesto, esta propuesta de formación da cuenta de una posición política que cree en el accionar del Estado y en la formación de los agentes de la seguridad pública que intervendrán en los procesos de las políticas públicas en los ámbitos nacional, local y regional. En este sentido, se propone la formación integral con una mirada sistémica, que les proporcione las herramientas necesarias para poder realizar una lectura adecuada del territorio y de su ejercicio profesional, con relación a la problemática de la seguridad. De esta manera podrá contar con las herramientas pertinentes para participar en la elaboración y gestión de las políticas públicas de seguridad.
El acento de la oferta académica está puesto, en el marco de la reconfiguración de la relación Estado-sociedad, en la prevención y promoción de la seguridad pública. Para ello la formación se propone como una inserción creativa de la institución en su contexto, en una relación dialéctica que posibilite cambios tanto en la propia institución como en la vinculación con otras instituciones educativas, con el sector público, con los medios socio-productivos y socio-culturales y las propias organizaciones de la comunidad.
La propuesta formativa de la Institución pretende articular los campos académico, ciudadano y laboral, mediante la construcción de competencias significativas, el desarrollo de prácticas profesionalizantes en un trayecto de formación que articula los diferentes espacios curriculares.
